Por la Biblioteca Nacional Vasca: otra razón más
Egilea: Gerardo LUZURIAGA
El panorama bibliotecario del Estado español ha cambiado como consecuencia de la nueva estructura territorial y administrativa puesta en marcha hace ya dos décadas. Todas las comunidades autónomas, excepto Navarra y el País Vasco, han tejido una normativa legislativa que establece las líneas básicas de organización de su Sistema Bibliotecario, cuyo núcleo es una biblioteca con diferentes denominaciones (nacional, autonómica, central, regional, general...) pero que siempre desarrolla funciones de biblioteca nacional, constituyéndose en cabecera funcional y técnica del sistema Bibliotecario y en principal centro de información del territorio: Biblioteca de Cataluña, Biblioteca de Andalucía, Biblioteca Valenciana, Biblioteca Regional de Murcia, Biblioteca de Castilla-La Mancha, Biblioteca Central de la Rioja, Biblioteca de Aragón, Biblioteca de Castilla León, Centro Bibliográfico Superior de Galicia...
Quizá alguien ha querido pensar que la ausencia de una ley de bibliotecas y un sistema bibliotecario propio se debía a los problemas derivados del deseo de crear una estructura bibliotecaria común para toda Euskal Herrría. Si así fuese, bien se podría pagar este precio, pues el interés cultural y económico de un proyecto común de los siete territorios, compensaría con creces este retraso. Pero mucho me temo que sobre todo se debe a la desidia de nuestros políticos. Así lo expuse en "Euskadi Información" y posteriormente en "Gara". Esta falta de planificación no sólo repercute en el mundo bibliotecario, sino que afecta directamente al desarrollo cultural del país. No en vano su progreso depende en gran medida de la información que sea capaz de recibir, producir y transmitir; por ello, desde hace varias décadas, la política de información se ha convertido en el pilar básico de toda comundiad, pues es primordial tomar conciencia del papel que juega la producción de documentación propia y su difusión. A pesar de qe, en la mayoría de los casos, basarse en estructuras foráneas resulte menos costoso que desarrollar un sistema propio, todo país debe elaborar una política nacional de información, invirtiendo en proyectos de investigación y desarrollo de herramientas.
La falta de sensibilidad en los intelectuales, y sobre todo, la falta de interés en los políticos, nos ha llevado a la situación actual, es decir, a depender de planteamientos externos, seguir a rajatabla toda su normativa, y usar sus formatos informáticos; dicho de otra manera, somos absolutamente dependientes de modelos ajenos. Y ello ocurre a pesar de que los organismos internacionales, con vistas a facilitar el control e intercambio de la información en el ámbito mundial, han establecido pautas universales normalizadas y aconsejan la creación de organismos y comisiones técnicas que adapten o creen sus propias normas bibliográficas, teniendo en cuenta este concepto de universalidad pero sin perder de vista las peculiaridades de cada país.
En definitiva, es necesario crear una institución, la Biblioteca Nacional de Euskal Herria; no sólo por las razones esgrimidas estos últimos años por los bibliotecarios (órgano central bibliográfico, que reuna, conserve y difunda la producción bibliográfica y el patrimonio bibliográfico, que elabore el catálogo colectivo y la bibliografía nacional, que lleve a cabo la coordinación de todas las bibliotecas y mantenga la cooperación con los servicios bibliotecrios de distintos ámbitos...); sino que también sea el centro superior bibliotecario encargado de adaptar las normas internacionales a las necesidades del país, para recoger, elaborar y difundir la producción nacional de acuerdo con nuestras características. Por tanto, la solución es política. Se debe crear una política bibliotecaria propia, capaz de desarrollar unas estructuras que nos permitan soltar las ataduras con Madrid y París.
Debido a la no existencia en nuestra universidad de estudios donde se puedan formar los bibliotecarios y documentalistas, a la exclusividad o prioridad que se ha dado a las reglas de catalogación españolas y francesas en las oposiciones, y finalmente a la propia filosofía de la comunicación, basada en el intercambio nacional e internacional y en el uso de unas rigurosas y estrictas normas internacionales ha hecho pensar a muchos bibliotecarios que el único modo de cumplirlas es aplicando la normativa actualmente vigente. El grado de aceptación que tiene el uso de estas reglas de catalogación, los formatos informáticos y demás herramientas técnicas foráneas, hace que no se note la falta de un cuerpo normativo propio, ni se llegue siquiera a plantear su necesidad.
La solución es pues definitivamente política.